España ha mejorado en políticas públicas para el desarrollo de cloud, situándose en el décimo lugar entre los 24 principales mercados de TI. Por tanto, ha escalado un puesto en el BSA Global Cloud Computing Scorecard 2018, que mide el nivel de preparación de los países para el desarrollo de esta tecnología
Cada vez más empresas suben parte o todos sus procesos a la nube, en busca de un menor coste operativo o una mayor agilidad y flexibilidad para sus sistemas tecnológicos. Y, más allá del software como servicio, la realidad es que en escenarios más complejos es necesario contar con una plataforma cloud que permita consolidar e integrar todos los polos de innovación de la compañía en una capa que dé vida a tendencias tan diversas como el Internet de las Cosas, las aplicaciones móviles o la Inteligencia Artificial.
Entre los puntos críticos está, por ejemplo, el problema de cómo hacerlo sin interrumpir la provisión de servicios comerciales dentro o a los clientes, pudiendo aprovechar más nubes, movimiento de datos, cumplimie>nto de normativas, disponibilidad de conexiones red con un rendimiento adecuado, presencia territorial y, por último pero no menos importante, la capacidad de diseño y soporte combinada con una relación costo / beneficio.
Además, el cloud computing, caracterizado por la continua bajada de precios, permite a las empresas acceder siempre a las últimas tecnologías, que antes estaban reservadas a las grandes organizaciones con elevados presupuestos en informática.
En 2020 habrá más potencia informática en la nube pública de los proveedores tecnológicos que en los centros de datos privados de las grandes empresas.
Después de muchos años hablando de la informática en la nube, el cloud computing es ya una constante en las estrategias de las compañías españolas, que han visto las ventajas de esta fórmula. El modelo de suscripción reduce las inversiones necesarias en infraestructura y permite a las organizaciones ganar flexibilidad, al poder escalar con facilidad sus requerimientos informáticos en función de las necesidades de negocio.
España cuenta con una completa legislación sobre privacidad, aunque depende en gran medida de requisitos de registro que podrían actuar como una barrera para los servicios de cloud computing. Asimismo, el informe considera que nuestro país tiene una legislación actualizada sobre delitos cibernéticos y destaca que es uno de los países que han ratificado la Convención sobre Ciberdelincuencia.
Una correcta gestión y seguridad en las contraseñas y sistemas de acceso son algunas de las medidas preventivas que ya se hacen en la gran mayoría organizaciones.
