Este año se prevé un aumento del gasto TI (Tecnologías de la información) en el sector público en España, de acuerdo a las estimaciones de la IDC. Se trataría del 1,1 % respecto al año 2021.
Alrededor de la mitad de este gasto estaría destinado a la actualización y mantenimiento de sistemas existentes, pero la innovación seguiría ganando cada vez más terreno.
La encuesta de la IDC ha revelado que la mayoría de las organizaciones del sector público planea incrementar el gasto en subcontratación para favorecer el proceso de transformación que demandan las empresas y los ciudadanos.
En un comunicado de prensa se ha afirmado que el 90 % de las organizaciones públicas consultadas por la consultora ha reconocido la necesidad de abordar un proceso de transformación en la prestación de servicios públicos eficientes, en un contexto de transformación digital acelerada.
También se admitido la necesidad de disponer de modelos de operaciones confiables que garanticen la seguridad y privacidad del dato, así como la consolidación de un puesto de trabajo digital para el empleado público.
“Generar ecosistemas inclusivos que garanticen la participación ciudadana de manera remota en el proceso de toma de decisiones”.
Se espera que las prioridades de financiación de la Unión Europea y la disponibilidad de fondos disponibles faciliten la inversión en nuevas iniciativas digitales.
De hecho, la iniciativa de cohesión REACT-EU proporcionará 65 mil millones de euros adicionales en los próximos dos años para las regiones, ciudades y entes locales como hospitales, entre otros.
El objetivo es desarrollar iniciativas de recuperación y resiliencia digital y ecológica, “por lo que se espera que impacte de manera decidida en los programas de transformación centrados en la mejora de los procesos internos”.
Proveedores de TI
Este escenario de financiación y prioridades de transformación del sector público en España, según lo afirmado desde la IDC, abriría un escenario muy positivo para los proveedores de TI en cuatro grandes ámbitos de actuación.
Esos ámbitos incluyen la cloud (nube) y modernización, ya que el sector público requiere migrar cargas de trabajo a arquitecturas en la nube, automatizar procesos inteligentes y resolver aspectos vinculados a la contratación y soberanía del dato.
La automatización y experiencia ciudadana también es otro de esos ámbitos. Y es que el sector público requiere canales digitales para la interacción con los ciudadanos y empresas, además de evaluar la eficiencia de los procesos internos y buscar las áreas que podrían beneficiarse de una mayor digitalización.
“La regulación, la cultura organizacional, disponer de tecnología obsoleta y dificultad para actualizar las herramientas o disponer de procesos complejos para realizar el teletrabajo aparecen como los principales retos a la hora de abordar la consolidación de políticas de Smart Work en la Administración pública”.
Se cree que el rol de la empresa privada como elemento de ayuda, soporte y acompañamiento al proceso de transformación permitirá una mejora en cuanto a la gestión del framework de seguridad y la gestión de la TI heredada.
Transformación digital y económica
El Plan de Transformación Digital de la Administración Pública establece los objetivos y actuaciones a seguir para lograr una verdadera digitalización del sector. La iniciativa se ve fortalecida por mecanismos adicionales que inciden en el papel tractor que la Administración Pública ejerce sobre el resto del tejido productivo.
Los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), por ejemplo, son proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española.
“Esta nueva figura, está concebida como un mecanismo de impulso y coordinación de proyectos muy prioritarios, especialmente complejos o en los que exista un claro fallo de mercado, externalidades importantes o una insuficiente iniciativa o capacidad de inversión por parte del sector privado”.
Su objetivo sería contribuir a una gestión ágil y eficiente de los fondos y reforzar aquellos proyectos que contribuyan a la transformación de la economía española.
